El Aissami rechaza renunciar a su nacionalidad ante temor de extradición

El exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, manifestó su negativa a renunciar a la nacionalidad venezolana como estrategia legal para evitar una eventual entrega a las autoridades de Estados Unidos. La declaración del exjerarca del chavismo se produjo durante el desarrollo del proceso judicial que se sigue en su contra por presuntas irregularidades en el manejo de fondos estatales y un desfalco calculado en al menos 5.000 millones de dólares en Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Fuentes cercanas al proceso dijeron a TalCual que el procesado dejó constancia explícita sobre su estatus filiatorio durante las audiencias judiciales, en un contexto marcado por la suma de nuevas imputaciones vinculadas a los delitos de apropiación o distracción de patrimonio público, tráfico ilícito de material estratégico y legitimación de capitales.

«Quiero dejar constancia de que no voy a renunciar a mi nacionalidad venezolana. No quiero que me extraditen y si eso llegare a suceder, yo no lo pedí», aseveró El Aissami ante el tribunal que lleva la causa.

Las afirmaciones del exministro se producen tras las recientes actuaciones administrativas que derivaron en las deportaciones hacia suelo estadounidense del empresario colombiano Alex Saab y de su socio Álvaro Pulido. En el caso de Saab, el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, argumentó públicamente la nulidad de su identificación venezolana para justificar la medida. «Siempre presentó una cédula venezolana que no es una cédula legal y no tiene ningún tipo de sustento dentro del Saime. Por eso es que nosotros tomamos la decisión de deportarlo de Venezuela, no es un ciudadano venezolano, es un ciudadano extranjero», declaró en ese momento el también secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

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Sobre Tareck El Aissami pesa una orden de captura internacional y una recompensa de 10 millones de dólares emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, organismo que lo requiere por acusaciones relacionadas con narcotráfico, corrupción, lavado de dinero y evasión de sanciones económicas.

El exfuncionario, quien permanece bajo custodia preventiva denunciando presuntos malos tratos durante su cautiverio, apela al artículo 69 de la Constitución de la República —el cual prohíbe expresamente la extradición de nacionales— para frenar las gestiones que pudieran derivar en su juzgamiento ante la justicia norteamericana.

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