Venezuela deja sin respuesta 14 preguntas de la ONU sobre bloqueos de Conatel

El Estado venezolano dejó vencer el plazo de 60 días para responder 14 preguntas formuladas por expertos de Naciones Unidas sobre los bloqueos de páginas web y servicios digitales presuntamente ordenados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). La organización Provea denunció este miércoles 4 de noviembre que las autoridades incumplieron nuevamente su obligación de cooperar con los mecanismos internacionales de derechos humanos.

La comunicación AL VEN 4/2026 fue enviada el 4 de septiembre por el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos y las relatorías especiales de libertad de expresión, defensores de derechos humanos y privacidad. Los expertos solicitaron explicaciones sobre las restricciones aplicadas por proveedores de Internet y sus consecuencias para el acceso a la información.

Según el documento, un monitoreo realizado por una organización de la sociedad civil identificó 202 dominios bloqueados en Venezuela, incluidos 92 pertenecientes a 65 sitios de noticias. También se reportó el bloqueo de la aplicación de mensajería cifrada Signal y de herramientas de privacidad como redes privadas virtuales (VPN).

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó en junio de 2026 el bloqueo arbitrario de al menos 85 sitios web, entre ellos 39 medios de comunicación, una red social y 27 servicios de privacidad y distribución de contenidos multimedia.

Los expertos señalaron que las restricciones aumentaron durante la campaña para las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y en el período posterior a los comicios. Buena parte de esos bloqueos permanecería vigente.

Conatel bajo cuestionamiento

La comunicación identifica a Cantv, Digitel, Movistar, Inter, Net Uno, Airtek y G-Network como proveedores que habrían aplicado restricciones de acceso a contenidos digitales tras recibir presuntos requerimientos de Conatel.

Los mecanismos de la ONU advierten que estas medidas podrían haberse adoptado sin cumplir las garantías establecidas en la legislación venezolana, particularmente la apertura de procedimientos administrativos, la notificación a los afectados y el derecho a impugnar las decisiones.

«Ni CONATEL ni las empresas de telecomunicaciones habrían respondido a las solicitudes de información de diferentes actores sobre los bloqueos», señala el documento.

Otra preocupación es que las restricciones varían entre proveedores: mientras determinadas páginas son accesibles mediante algunas conexiones, permanecen bloqueadas en otras. Esta situación plantea interrogantes sobre los criterios utilizados para mantener o levantar las medidas.

Los expertos también enviaron comunicaciones a las empresas señaladas, a Telefónica S.A., matriz de Movistar, y al Gobierno de España.

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Bloqueos durante la emergencia

Uno de los aspectos destacados por Naciones Unidas es la permanencia de restricciones digitales después de los terremotos que afectaron a Venezuela el 24 de junio de 2026.

Aunque el bloqueo de la red social X fue levantado tras los sismos, numerosas páginas de medios independientes continuaron inaccesibles, según la información recibida por los expertos.

Esta situación habría dificultado la circulación de información sobre la magnitud de los daños, las labores de búsqueda de desaparecidos y la asistencia humanitaria disponible.

Los mecanismos advirtieron que mantener restricciones durante una emergencia puede vulnerar los derechos de la población a recibir información oportuna y confiable.

También expresaron preocupación por las consecuencias para organizaciones defensoras de derechos humanos, cuya capacidad para documentar y difundir denuncias resulta afectada cuando se bloquean sus páginas y herramientas de comunicación segura.

Las preguntas pendientes

Entre las 14 preguntas remitidas al Estado, los expertos exigieron conocer qué autoridad ordenó los bloqueos, cuáles fueron sus fundamentos legales, qué páginas permanecen restringidas y qué procedimientos existen para solicitar su levantamiento.

También pidieron explicaciones sobre los criterios utilizados para desbloquear X después de los terremotos, así como las garantías ofrecidas a los afectados para ejercer su derecho a la defensa.

La ONU solicitó además información sobre las medidas de supervisión de Cantv, como empresa estatal, y las responsabilidades de los proveedores privados de Internet frente a posibles violaciones de derechos humanos.

Los expertos recordaron que las restricciones digitales deben cumplir los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y que los Estados tienen la obligación de proteger la libertad de expresión y el acceso a la información.

El plazo para ofrecer estas explicaciones venció sin que, según Provea, las autoridades venezolanas respondieran a los señalamientos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.