Denuncian presunta complicidad judicial para dilatar el caso Paramacay

Familiares de los 23 ciudadanos procesados por el caso Paramacay se pronunciaron para denunciar lo que califican como un «patrón de manipulación sistemática» en el Circuito Judicial Penal del estado Carabobo.

Las familias señalan directamente la existencia de una coordinación y complicidad entre el presidente del circuito judicial penal de la entidad, Carlos Alberto Bonilla Álvarez, y la jueza Scarlet Desireé Mérida García, con el objetivo de «dilatar infinitamente el proceso y mantener en indefensión» a sus seres queridos.

La Sala 1 de Apelaciones del Palacio de Justicia de Valencia, presidida por Alejandro Chirimelli e integrada por los jueces Karly Mérida y Darcy Sánchez, tenía en sus manos la decisión sobre la nulidad total del juicio impulsado anteriormente por el juez Luis Ovalles, en el que se había dictado una condena de 30 años contra el capitán Juan Carlos Caguaripano y sus acompañantes el 18 de diciembre de 2025.

Cuando correspondía firmar la resolución que otorgaría la nulidad y libertad de los procesados, la jueza Karly Mérida aparentemente se habría ausentado argumentando un reposo médico, maniobra que dejó a la sala sin el quórum legal necesario para hacer efectiva la sentencia.

Una situación similar ocurrió el pasado 26 de agosto, cuando se celebró una audiencia en la Sala 1 de Apelaciones y se anunció un plazo de 10 días de despacho para emitir una decisión.

Sin embargo, tras cumplirse el lapso, la juez Scarlet Desireé Mérida García solicitó un reposo médico y la Corte de Apelaciones quedó sin quórum para emitir la decisión.

Luis Armando Betancourt, coordinador del Foro Penal en Carabobo, denunció el viernes 16 de octubre que la ponencia fue retirada de la Sala 1 y transferida a la Sala 2 del mismo circuito judicial, a cargo del propio Bonilla, por lo que el trámite vuelve a empezar.

Ante el traspaso, la defensa consignó un escrito con varias peticiones dirigido al presidente de la Sala, juez Carlos Bonilla, y a los demás jueces que la integran. Solicitaron que la Sala 2 no conozca la causa, porque consideran que no es legal que lo haga. Asimismo, solicitó que informe el motivo por el cual se le quitó la ponencia a la Sala 1.

«Esto definitivamente es inconstitucional e ilegal. Además que ya autoasignarse, quitarle la ponencia a una sala simplemente por un capricho, es un ejemplo de cómo se manipula absolutamente la justicia en el estado Carabobo y lo que ha venido transcurriendo en Venezuela en los últimos años», reclamó Betancourt.

El abogado señaló que su despacho entregó reclamos a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público y a la Inspectoría General de Tribunales, pero no ha habido respuesta a las denuncias.

Apelación sobre el caso Paramacay se retrasa una vez más: juez ordena nueva audiencia

El caso Paramacay se remonta a la madrugada del 6 de agosto de 2017, cuando un grupo de aproximadamente 20 personas, liderado por el excapitán de la Guardia Nacional Juan Carlos Caguaripano Scott asaltó el Fuerte Paramacay ubicado en Valencia, estado Carabobo.

El objetivo del asalto, bajo el alias de «Operación David», era sustraer armamento de alta potencia para iniciar un movimiento de resistencia contra el gobierno de Nicolás Maduro. Tras un enfrentamiento que dejó dos muertos y varios heridos, Caguaripano y el capitán Yuaris Rengifo lograron escapar con el arsenal, siendo capturados días después en Caracas.

Los implicados fueron acusados por los supuestos delitos como traición a la patria, rebelión, sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional y ataque al centinela.

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