Tamara Adrián presenta su postulación para optar a una magistratura en el TSJ

La abogada, doctora en Derecho y profesora universitaria Tamara Adrián anunció este viernes 6 de noviembre la presentación formal de sus credenciales ante el Comité de Postulaciones Judiciales (CPJ) para optar a la responsabilidad de magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La postulación de la jurista y defensora de los derechos humanos contó con el aval institucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), aspirando a integrarse a la Sala Constitucional o a la Sala de Casación Civil del máximo tribunal de la República.

A través de un mensaje publicado en sus plataformas digitales, Adrián manifestó su compromiso con el fortalecimiento del Poder Judicial en el país. «Adelante con el adecentamiento del sistema de justicia, la administración de justicia y sobre todo la racionalidad de las decisiones judiciales en Venezuela», aseveró la académica.

Tamara Adrián posee una amplia trayectoria docente e investigadora en el ámbito jurídico nacional e internacional. Fue diputada a la Asamblea Nacional durante el periodo 2016-2021, hito que la convirtió en la primera mujer trans electa a un parlamento nacional en el continente americano.

En el plano de la militancia política, ha formado parte de la dirigencia del partido Voluntad Popular, al tiempo que ejerce la presidencia del Comité Idaho (organización que promueve el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia) y forma parte de la junta directiva de la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero (Wpath).

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La postulación de la jurista ucevista se suma al conjunto de aspirantes que acuden al llamado del Comité de Postulaciones Judiciales, órgano que mantendrá abierta la recepción de documentos e historiales académicos hasta el próximo 11 de noviembre de 2026.

De acuerdo con las bases establecidas por el comité técnico evaluador, cada postulante será valorado mediante un baremo de ponderación de 100 puntos que pondera el desempeño profesional, publicaciones académicas, ejercicio de la docencia universitaria y títulos de posgrado.

Paralelamente, un Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos se encarga de auditar de manera rigurosa que las candidaturas presentadas por las universidades, colegios de abogados y sectores de la sociedad civil cumplan con los preceptos exigidos por la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para la designación de los nuevos magistrados.

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