Colombia expulsa hacia la frontera a 80 venezolanos acusados de cometer delitos

El Gobierno de Colombia expulsó este viernes 6 de noviembre a 80 venezolanos hacia la frontera con el estado Táchira. Las autoridades migratorias de ese país argumentaron que los involucrados incurrieron en conductas delictivas o acumularon sanciones administrativas por faltas a la convivencia ciudadana durante su permanencia en la capital colombiana.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, el presidente colombiano, Abelardo De la Espriella, justificó la medida de deportación inmediata tras los operativos desplegados en diversos sectores de Bogotá. «He dado una instrucción clara: quienes vengan a Colombia a delinquir no pueden encontrar refugio en nuestro territorio», afirmó el mandatario al ratificar la línea dura en materia de seguridad ciudadana e interdicción migratoria.

El procedimiento de deportación lo ejecutó Migración Colombia tras completar una serie de verificaciones en áreas de alta densidad urbana de la capital. El reporte oficial detalló que el grupo expulsado estaba integrado por 74 hombres y seis mujeres. Entre los sancionados figuran tres personas que cumplían condenas judiciales por los delitos de hurto y concierto para delinquir, mientras que el resto registraba reiterados llamados de atención policial por porte ilegal de armas, consumo o expendio de sustancias estupefacientes e irrespeto a la autoridad.

Los ciudadanos expulsados fueron trasladados desde el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), ubicado en la capital colombiana, hasta la ciudad fronteriza de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander. En ese punto limítrofe se formalizó la entrega del contingente a los organismos de migración y seguridad ciudadana del territorio venezolano.

El Ejecutivo colombiano precisó además que diez de los individuos entregados terminaron aprehendidos al ingresar al país por presentar órdenes de captura vigentes emitidas por los tribunales nacionales.

Las expulsiones masivas se inscriben dentro del marco de la política de seguridad implantada por la administración de De la Espriella tras asumir la presidencia en agosto. El jefe de Estado colombiano había advertido previamente sobre la aplicación de deportaciones expeditas contra aquellos extranjeros en situación irregular que registraran anotaciones policiales o judiciales en los expedientes de control del Estado.

Según datos divulgados por la Presidencia de Colombia, entre el 7 de agosto y el 29 de octubre de 2026 los organismos de seguridad deportaron o expulsaron a 812 personas extranjeras, impidiendo adicionalmente el ingreso al país a otros 867 ciudadanos. Las medidas han generado preocupación entre las organizaciones de derechos humanos y los colectivos de migrantes en la región, ante el incremento de los operativos de verificación en las principales capitales neogranadinas.

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