El dirigente político Enrique Márquez calificó este viernes 16 de octubre como un paso positivo la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de suprimir la competencia especial en materia de terrorismo de cuatro tribunales de control con jurisdicción nacional en Caracas. A través de un mensaje difundido en sus canales digitales, sostuvo que los juzgados funcionaron como una estructura orientada a la persecución de la disidencia y la vulneración del debido proceso en el país.
Márquez señaló que la Resolución N.º 2026-0010 de la Sala Plena del máximo tribunal debe formar parte de un proceso más amplio de reestructuración institucional. El dirigente enmarcó la medida en el contexto de las gestiones y de la hoja de ruta que promueve el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, para la recuperación de las garantías democráticas en Venezuela.
TSJ elimina competencia nacional de cuatro tribunales especiales de terrorismo
El dirigente político enfatizó la urgencia de avanzar hacia la concesión de medidas de libertad plena para todos los ciudadanos considerados presos políticos, mediante el cierre definitivo de los expedientes judiciales. Márquez demandó el levantamiento de las restricciones cautelares relativas a la prohibición de salida del territorio nacional, las presentaciones periódicas ante los juzgados y los regímenes de arresto domiciliario.
«Salir de una celda no significa recuperar la libertad si la persecución continúa dentro de tu casa o mediante restricciones que te impiden trabajar, movilizarte y participar en la vida pública», afirmó. Planteó la necesidad de sustituir el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) por organismos de inteligencia profesionales sujetos a controles parlamentarios, supervisión judicial y respeto a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
La postura de Márquez responde al anuncio formulado por el TSJ, mediante el cual los tribunales de control 13, 30, 49 y 52 del Área Metropolitana de Caracas pierden la competencia nacional exclusiva para el conocimiento de expedientes vinculados con presuntos delitos de terrorismo. La normativa dispone que las causas en fases preparatoria e intermedia sean redistribuidas de manera equitativa entre los juzgados ordinarios de control de los distintos circuitos judiciales penales del territorio nacional.
Márquez atribuyó a las gestiones de la administración estadounidense del presidente Donald Trump un papel relevante en la adopción de estas medidas por parte de las autoridades venezolanas. Finalmente, el dirigente aseveró que los giros en la política judicial no eximen de responsabilidad a las autoridades estatales por los abusos cometidos en el pasado, e instó a mantener la presión institucional para consolidar avances tangibles en materia de derechos humanos y justicia.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Fuente: TalCual.
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