Lo bueno y lo malo del baremo para evaluar candidatos al TSJ, según Acceso a la Justicia

La organización Acceso a la Justicia hizo públicas sus opiniones sobre el baremo de evaluación que utilizará el Comité de Postulaciones Judiciales para preseleccionar a los candidatos a ocupar los 32 puestos de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, además de las direcciones de la Escuela Nacional de la Magistratura y la Inspectoría de Tribunales.

En redes sociales, la ONG destacó como punto positivo que «por primera vez en 27 años» se hicieran públicos los criterios de evaluación para estos cargos. Pero desde el punto de vista técnico, hicieron un llamado al Comité a revisar cinco aspectos que, aseguró Acceso a la Justicia, no solo dependen de cómo distribuyen su puntuación sino los elementos que entran en la valoración.

El baremo publicado este lunes, y que según el diputado Pablo Pérez (UNT) fue aprobado por unanimidad, otorga mayor peso dentro de la evaluación a la formación académica y producción intelectual. También se evaluarán la experiencia profesional, docente y académica, la experiencia jurisdiccional y la entrevista donde se revisará su «dominio constitucional, legal, doctrinal y jurisprudencial; resolución de casos; independencia judicial; imparcialidad; solvencia ética – moral y propuestas operativas para la modernización de la gestión judicial».

Sin embargo, Acceso a la Justicia criticó que se otorgue mayor ventaja a quienes han ocupado cargos públicos, pues en el instrumento se «valoran ampliamente las funciones judiciales, estatales y de gobierno universitario, mientras se reconocen menos actividades propias del libre ejercicio de la abogacía».

La ONG señaló que también otorga «mayor peso a la antigüedad que al desempeño», al otorgarse mayor puntaje a los años de servicio judicial «sin evaluar suficientemente la calidad de las sentencias, la protección de los derechos humanos o la independencia demostrada».

A su juicio, es de especial preocupación pues en Venezuela «no se realizan concursos públicos de oposición para ingresar a la judicatura desde 2003. Más aún esto es alarmante si se considera que el sistema de justicia penal junto con el TSJ han sido parte del aparato represivo del Estado».

Asimismo, se puso en evidencia una «discriminación entre los aspirantes», pues se favorece a «determinadas trayectorias institucionales frente a las otras vías de acceso al TSJ», como el libre ejercicio de la abogacía.

En el baremo de evaluación, según Acceso a la Justicia, se observa un «amplio margen de subjetividad» al otorgar 15 puntos a la una entrevista que no cuenta con «criterios suficientemente precisos para evaluar conocimientos, independencia, imparcialidad y ética».

La organización recomendó que, para reducir la discrecionalidad y garantizar la transparencia del proceso, se establezcan «criterios y puntuaciones específicas para cada competencia evaluada en las entrevistas, utilizar preguntas y casos comparables, identificar a los evaluadores y hacerlas públicas y sus resultados».

La recepción de candidaturas al Poder Judicial comenzó el miércoles 28 de octubre y se extenderá hasta el 11 de noviembre. Los documentos se están consignando en el Museo Boliviano de la AN, entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m.

El Comité de Postulaciones preseleccionará entre los candidatos un número no inferior al triple de los cargos de magistradas (32 en total) y, al día siguiente, se remitirá la lista al Poder Ciudadano con sus respectivos expedientes. «En caso de que el número de postuladas o postulados no exceda al triple del número de tales cargos, se preseleccionarán todos las postuladas y postulados respectivos».

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.