ONG propone «acuerdo de salida voluntaria» para lograr libertad de presos políticos

La ONG Justicia y Proceso propuso este jueves 5 un «acuerdo de salida voluntaria del país» para impulsar las liberaciones de presos políticos por otras vías diferentes a la mesa de diálogo, cuestión que, aseguró la organización, está paralizada pese al exhorto del Secretario de Estado de Estados Unidos.

«Para nadie es un secreto que en Venezuela no se recupera la libertad ni siquiera cumpliendo la condena… Este grupo, en principio, pide la libertad plena de todos los presos políticos; pero, en segundo lugar, quieren hacer ver que no quieren entorpecer el proceso que se está implementando en Venezuela en este momento», indicó la abogada Theresly Malavé, directora de la ONG, en una rueda de prensa.

La propuesta fue hecha y consultada con presos políticos civiles y militares, dijo la abogada. 52 han afirmado estar dispuestos a salir voluntariamente del país, con el objetivo no solo de recuperar su libertad, sino de reencontrarse con sus familiares y atender patologías de salud, en algunos casos graves, que se han acelerado por las condiciones de reclusión, mala alimentación y falta de atención médica que enfrentan en las diversas cárceles.

«No se imaginan cómo es vivir un día preso en Venezuela», sentenció Malavé, quien ejemplificó la situación de «justicia» al afirmar el poco avance de algunos casos y la prisión por extensión a decenas de personas en casos como Pdvsa Cripto, Constitución o Paramacay.

La abogada explicó que el acuerdo no implica una extradición o destierro, aunque dijo que al gobierno venezolano «le es sumamente fácil» aplicar cualquiera de estas medidas pues ya lo han hecho en el pasado, al mencionar el caso de Lorent Saleh.

La directora de Justicia y Proceso también envió un mensaje al Departamento de Estado y al secretario Rubio. «No está sucediendo aguas abajo ningún cambio favorable para el sistema de justicia. Los presos día a día están en peores condiciones que antes, se siguen fabricando sentencias, se siguen recibiendo órdenes ya sea para absolver o condenar».

El problema, insistió Malavé, es que debe ocurrir un cambio total del sistema judicial y no una simple renovación de las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia.

Asimismo, denunció una vulneración de su labor profesional y de defensa de los derechos humanos pues su agenda de trabajo fue revisada y fotografiada dentro del centro penitenciario El Rodeo I, lo que, advirtió, dejó expuesta información relacionada con las gestiones que adelanta para conseguir la libertad de los presos políticos.

Caso Paramacay

Los abogados Theresly Malavé y Juan Luis González, encargados de la defensa del capitán Juan Carlos Caguaripano, reiteraron los vicios procesales del caso Paramacay que actualmente espera por una decisión de la Corte de Apelaciones del estado Carabobo sobre las condenas a 30 años impuestas a los implicados.

Malavé denunció que el juez Carlos Alberto Bonilla -quien se postuló al TSJ recientemente- «le quitó el expediente al juez de la misma instancia para decidir contrario a derecho. Supuestamente este juez de la Sala 1 tenía una decisión ajustada a derecho y eso significa la libertad. Se la quitaron para ratificar la condena. ¿Cómo va a hacer este juez para justificar que una persona pueda ser juzgada sin sus abogados? Porque nosotros no estuvimos presentes y tenemos nueve años defendiéndolo. No estuvimos presentes porque la audiencia fue diferida».

La abogada indicó que tanto ella como defensores del Foro Penal han interpuesto diversos recursos de amparo, pero han sido infructuosos al ser un caso político. Cuestionó cuál va a ser la justificación de la Sala de Casación Penal del TSJ para aceptar y evaluar una sentencia de este tipo y que, por ejemplo, una persona haya sido juzgada en ausencia pese a que la Constitución lo prohíbe expresamente.

«Pero peor aún, cómo va a justificar que le quitó a una sala de apelaciones un expediente para él atribuirse la ponencia. Estas son cosas que se están manejando aguas abajo aunque se diga que hay un cambio porque van a designar nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia», señaló.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.