Defensores de de derechos humanos y fuentes periodísticas encendieron las alarmas este miércoles 4 de noviembre ante una nueva escalada de violencia armada en el sector Los Pijiguaos, ubicado en el municipio Cedeño del estado Bolívar. Los reportes coinciden en señalar la ocurrencia de enfrentamientos en las inmediaciones de las instalaciones industriales de CVG Bauxilum. La situación que ha generado temor generalizado y el desplazamiento forzado de los habitantes de comunidades indígenas y sectores aledaños.
A través de su cuenta en X, la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel advirtió sobre la gravedad de los acontecimientos en la zona industrial sureña.
“La frontera no puede estar sometida a las disputas de estructuras armadas irregulares”, escribió, al tiempo que denunció el impacto de las hostilidades sobre la población civil que habita en las cercanías de los yacimientos de bauxita.
En la misma línea, el periodista Fritz Sánchez documentó que la jornada en la región amaneció bajo el sonido constante de ráfagas de disparos y detonaciones con dirección a la comunidad de El Potrero, en el kilómetro 36 de la vía hacia El Jobal. El comunicador social cuestionó la falta de contención por parte de los componentes castrenses frente al avance de los grupos armados en el sur del territorio nacional.
Sánchez recordó un hecho de violencia reciente en la misma zona, donde un joven residente de la comunidad perdió una extremidad inferior tras accionar una mina antipersonal instalada por células guerrilleras procedentes de Colombia. La presencia de artefactos explosivos improvisados en las rutas rurales de la entidad ha incrementado la vulnerabilidad de las comunidades campesinas e indígenas que hacen vida en las inmediaciones de las operaciones extractivas.
Impacto humanitario
Las denuncias sobre los sucesos en Los Pijiguaos trascienden el plano de la seguridad ciudadana, evidenciando el control que ejercen las organizaciones criminales transnacionales sobre las rutas logísticas del Arco Minero del Orinoco. La reiteración de combates armados en las adyacencias de complejos estratégicos como Bauxilum pone en riesgo directo a la fuerza laboral y a las familias asentadas en los campamentos mineros.
Ante el incremento de las denuncias formuladas por activistas y comunicadores, las organizaciones sociales exigieron al Estado la implementación urgente de protocolos de protección civil para garantizar la integridad de los habitantes desplazados y asegurar el despeje de artefactos explosivos en las arterias viales del sur del estado Bolívar.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Fuente: TalCual.










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