Copei judicializado «aclara» cuál es su directiva ante eventual devolución de tarjetas

Miguel Salazar, presidente del Copei judicializado, informó que en aras de «salvaguardar la integridad y legitimidad política» de la organización consignó ante la Asamblea Nacional un documento para aclarar quiénes son sus «verdaderas autoridades».

A través de un video, el político informó que en el documento también se identifica a los responsables políticos y jurídicos de la tolda verde.

«En mi condición de presidente nacional me he visto en la obligación de salvaguardar su institución e informarle a los poderes públicos nacionales quiénes son sus verdaderas autoridades, quiénes son sus representantes legales, políticos y jurírico», afirmó.

La gestión realizada por Salazar busca, según la publicación, evitar el reconocimiento de representaciones ilegítimas dentro del Parlamento nacional, centro de la vida política del país.

Y por qué en este momento. La solicitud de Salazar se producen en el marco de las conversaciones de la mesa de diálogo lideradas por la Asamblea Nacional 2015 y el gobierno interino de Delcy Rodríguez en cuya agenda figura la restitución de garantías políticas, la devolución de las tarjetas confiscadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a un importante número de partidos políticos y el cese de las inhabilitaciones políticas.

El partido Copei, fundado en el año 1946 por Rafael Caldera, se encuentra intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desde el año 2015, hecho que generó una disputa interna que terminó con la escisión de la tolda verde, así como la pérdida de gran parte de su militancia.

En la actualidad, la tarjeta y las siglas están bajo el control de Miguel Salazar, quien fue designado como presidente de la organización el 3 de diciembre de 2019 por el TSJ. Esta facción es señalada de colaborar con el oficialismo y prestarse a los intereses gubernamentales para afectar a la oposición venezolana.

Partidos como Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular, entre otros, también resultaron afectados por la confiscación de sus siglas y tarjetas por parte del Tribunal Supremo de Justicia.

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