El ministro de Exteriores portugués, Paulo Rangel, informó de que cuatro connacionales permanecen presos en Venezuela por razones políticas, uno de ellos bajo arresto domiciliario.
“Son cuestiones más complejas porque muchas veces las acusaciones son de delito común y, siendo acusaciones de delito común, aunque sean instrumentalizadas por razones políticas, son más difíciles que las que son específicamente políticas”, afirmó en una audiencia parlamentaria el jueves 29 de octubre.
“Pero estamos convencidos de que en estos cuatro casos son (razones) políticas”, aseveró el jefe de la diplomacia portuguesa.
El titular de Exteriores aseguró que las autoridades portuguesas “siguen acompañando” la situación y confían en avanzar con motivo de la próxima misión que acuda a Venezuela.
La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos en Venezuela, dijo que a comienzos de octubre había 322 detenidos en el país caribeño, 31 de los cuales eran extranjeros o tenían doble nacionalidad.
Excarcelaciones y ley de amnistía
Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el 3 de enero de 2026, las autoridades venezolanas anunciaron un proceso de excarcelaciones que se extendió durante los meses siguientes.
En febrero, el Parlamento aprobó una ley de amnistía que contemplaba la extinción de responsabilidades penales por determinados hechos ocurridos desde 1999, incluidos algunos vinculados con la violencia política y las protestas posteriores a las elecciones presidenciales de 2024.
Según los registros de Foro Penal, al 26 de octubre la aplicación de la ley había permitido la libertad plena o el sobreseimiento de 187 personas que estaban encarceladas y de otras 585 que tenían medidas cautelares.
Sin embargo, la organización contabilizaba todavía 322 presos políticos en el país. Las cifras incluyen situaciones jurídicas diferentes, ya que una excarcelación no implica necesariamente la restitución plena de la libertad.
El gobierno de Venezuela niega que en el país haya presos políticos y asegura que se trata de personas detenidas por cometer delitos, una afirmación que rechazan varias organizaciones no gubernamentales y partidos políticos opositores.
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Fuente: El Diario.
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