Cinco mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas instaron a las autoridades interinas de Venezuela a reconsiderar la decisión de retirar al país del Estatuto de Roma y, por tanto, de la Corte Penal Internacional (CPI), al advertir sobre las consecuencias que la medida podría tener para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
La petición fue formulada por tres relatores especiales y dos grupos de trabajo de la ONU mediante una comunicación enviada al Estado venezolano el pasado 18 de agosto y divulgada públicamente tras vencer el plazo de 60 días establecido para recibir una respuesta.
De acuerdo con la información difundida este jueves 22 de octubre por Provea, hasta el momento las autoridades interinas venezolanas no han respondido a la comunicación.
Los expertos alertaron que la salida de Venezuela de la CPI “conlleva riesgos inconmensurables para el acceso de las víctimas y sus familias a la verdad, la justicia y la reparación” frente a las violaciones más graves contempladas por el derecho internacional, entre ellas los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.
La comunicación fue suscrita por el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; la Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados; y el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas.
Retiro no elimina investigaciones previas
Las autoridades interinas venezolanas denunciaron el Estatuto de Roma el 24 de julio de 2026. Los mecanismos de Naciones Unidas recordaron que, conforme al artículo 127 del tratado, el retiro solo entra en vigor un año después de que la decisión sea notificada al secretario general de la ONU.
Por ello, Venezuela continúa obligada durante ese período a cumplir sus compromisos frente a la CPI. Los expertos recalcaron además que la salida no afecta la competencia de la Corte sobre los presuntos crímenes cometidos mientras Venezuela era Estado parte, ni elimina las obligaciones de cooperación relacionadas con procedimientos que ya se encuentran en marcha.
Los mecanismos también recordaron que la Fiscalía de la CPI determinó en 2020 que existían motivos razonables para considerar que se habían cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Posteriormente, en 2021, se abrió una investigación formal sobre presuntos delitos que incluyen tortura, violencia sexual y otros actos inhumanos.
Advierten sobre impunidad
En su comunicación, los expertos sostuvieron que “no se ha llevado a cabo ninguna investigación verdaderamente independiente, exhaustiva, imparcial y eficaz” sobre buena parte de las violaciones denunciadas.
También citaron las conclusiones de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela respecto a las deficiencias del sistema judicial y su impacto sobre la posibilidad de que las víctimas obtengan justicia.
En ese contexto, afirmaron que “para muchas víctimas de los crímenes más graves, la CPI sigue siendo el único recurso judicial capaz de garantizar que los responsables rindan cuentas por sus actos”.
Los mecanismos de la ONU solicitaron al Estado venezolano explicar cómo el retiro del Estatuto de Roma es compatible con la obligación de garantizar recursos efectivos a las víctimas, así como informar sobre las medidas adoptadas para asegurar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Asimismo, pidieron detalles sobre los procedimientos destinados a investigar y procesar a los presuntos responsables de graves violaciones, además de la cooperación internacional emprendida por Venezuela para garantizar la rendición de cuentas.
Los expertos exhortaron finalmente a las autoridades interinas a reconsiderar la denuncia del Estatuto de Roma y mantener su compromiso con los mecanismos internacionales y regionales de protección de los derechos humanos.
Fuente: AlbertoNews.
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