AN aprueba reforma eléctrica que permite inversión privada y fijación tarifaria

La Asamblea Nacional (AN) sancionó por unanimidad este martes 10 de noviembre la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico. La modificación autoriza la entrada directiva de capitales privados en los procesos de generación, importación y comercialización de energía en el territorio nacional, al tiempo que establece un esquema tarifario indexado a la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV), respaldado por mecanismos de subsidio cruzado para proteger a los sectores residenciales de menores ingresos.

Al término de la sesión ordinaria en el Palacio Federal Legislativo, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, precisó que la normativa fue objeto de una fase de consultas que involucró a potenciales prestadores de servicio, trabajadores del sector y usuarios del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). El parlamentario subrayó que la iniciativa legal responde a una solicitud enviada por Delcy Rodríguez, orientada a expandir la disponibilidad de megavatios en la red nacional e incorporar nuevas fuentes de financiamiento para la infraestructura energética.

El texto aprobado por la AN abre formalmente la prestación del servicio eléctrico a operadores privados bajo tres modalidades principales: la autogeneración para el consumo propio y comercialización de excedentes, la instalación de plantas térmicas o renovables independientes, y la importación de electricidad desde países vecinos. De acuerdo con lo explicado por la directiva del Legislativo, estas modalidades estarán dirigidas prioritariamente a atender a los grandes consumidores del mercado, tales como complejos industriales, empresas manufactureras y centros comerciales.

Jorge Rodríguez argumentó que el esquema permitirá descentralizar la carga de los grandes centros urbanos y fabriles, haciendo posible que las corporaciones privadas asuman el costo operativo de su suministro. Con este mecanismo, las autoridades prevén que la corporación estatal concentre de manera prioritaria sus capacidades operativas y técnicas en la estabilización del servicio residencial público, especialmente en los estados del occidente del país que han registrado contingencias recurrentes en la distribución de energía.

Esquema tarifario, subsidios y regulación tributaria

Un elemento central de la reforma radica en la indexación de la estructura tarifaria a divisas de referencia internacional, esquema que busca preservar el valor real de los ingresos destinados al mantenimiento y expansión de las redes de transmisión. Sin embargo, la ley aprobada consagra la obligatoriedad de sostener un régimen de subsidios para la población vulnerable que no se encuentre en capacidad de cancelar la tarifa plena.

La categorización final de los beneficiarios, los porcentajes de exención y las condiciones técnicas de aplicación quedarán definidos en el reglamento posterior que redactará el órgano rector del área.

En materia fiscal, la ley aprobada por la plenaria de la AN introduce un marco de armonización tributaria nacional. La norma prohíbe taxativamente a los municipios gravar el tránsito de electricidad en alta tensión, las actividades de generación o el cobro de peajes de transmisión, limitando las tasas locales únicamente a los servicios efectivamente prestados en sus jurisdicciones.

El texto faculta a la Presidencia de la República para otorgar exoneraciones temporales de tributos a proyectos de inversión que promuevan la eficiencia y sostenibilidad del sistema, mientras que las gobernaciones y alcaldías podrán ofrecer incentivos fiscales locales siempre que no comprometan la metodología tarifaria nacional.

La reforma aprobada crea la Superintendencia del Sistema Eléctrico Nacional, un ente regulador especializado que asumirá la supervisión contable, la fiscalización del servicio, el otorgamiento de habilitaciones administrativas y la aprobación de las estructuras tarifarias para los prestadores privados.

La norma ratifica además que las operaciones de las empresas particulares no podrán interferir con la estabilidad ni con las líneas de distribución del sistema público nacional.

La ley sancionada contempla un estricto régimen punitivo para los actores que operen dentro del sistema:

• Sanciones a empresas operadoras: Las compañías prestadoras que incurran en cobros irregulares, desobedezcan las instrucciones de las autoridades, obstaculicen inspecciones o suspendan de forma injustificada el suministro podrán ser multadas con hasta 2% de sus ingresos brutos calculados sobre los doce meses anteriores a la falta.

• Sanciones a autogeneradores: Quienes operen sistemas independientes y se nieguen a suministrar energía al sistema público durante estados de excepción o situaciones de emergencia nacional enfrentarán multas de 1.000 a 10.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor. En el caso de instalaciones superiores a los 2 megavatios, la negativa acarreará la revocatoria inmediata de la habilitación administrativa.

• Sanciones a usuarios: Las alteraciones de medidores, conexiones no autorizadas a la red, suministro indebido a terceros o variaciones no declaradas en la carga instalada conllevan multas de 100 hasta 50.000 veces el tipo de cambio oficial.

• Penas por hurto de equipos: El texto fija penas de dos a cinco años de prisión para quienes cometan el delito de hurto de cables, trasformadores, medidores o instalaciones eléctricas con fines de lucro.

Durante su intervención, el presidente de la Asamblea Nacional descartó que la reforma represente la privatización del sistema eléctrico público, calificando la medida como un modelo amplio de prestación mixta. El parlamentario recordó que la adquisición de La Electricidad de Caracas por parte del Estado en el año 2007 constituyó una transacción comercial de compraventa con sus antiguos propietarios estadounidenses y no un acto de incautación.

Enfatizó que la norma sancionada preserva la obligación constitucional del Estado venezolano de garantizar la prestación del servicio eléctrico como un derecho público fundamental, permitiendo que la iniciativa privada complemente la infraestructura existente bajo la rectoría del órgano regulador nacional.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.