Venezuela registra 198 agresiones a la comunidad Lgbti en 2026

De acuerdo con el más reciente informe del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, entre enero y septiembre de este año se contabilizaron 198 casos de agresiones y vulneraciones de derechos hacia la población Lgbti.

El balance revela que la principal manifestación de violencia sigue siendo el discurso discriminatorio contra la comunidad sexodiversa, con un 75,76% del total de casos. Este tipo de agresión es promovida en su mayoría por actores en situación de poder o influencia, quienes representan el 77,78% de los agresores identificados durante el año.

Los delitos basados en prejuicios ocupan el segundo lugar de ocurrencia con un 12,12%, seguidos por los incidentes discriminatorios con un 11,11%. Estos últimos abarcan acciones que van desde el rechazo familiar por la orientación sexual o identidad de género y la expulsión del hogar, hasta limitaciones en el acceso a empleos, negación de entrada a locales nocturnos, acoso escolar y laboral, o impedimentos arbitrarios para donar sangre.

En cuanto a la incidencia de los actores involucrados, las personas civiles representan el 11,62%, destacando los del entorno familiar. Por su parte, los funcionarios del Estado fueron responsables del 6,57% de la violencia documentada, con una participación relacionada con detenciones o retenciones arbitrarias, extorsiones, abuso policial y discriminación en espacios públicos

Adicionalmente, los funcionarios han participado en el contexto de represalia política al no permitir donar sangre, impedir el cambio de nombre de acuerdo con la identidad de género para personas trans, no binarias e intersex y en negar o dificultar el acceso a documentos de identidad.

«El uso del aparato represivo, la instrumentalización del sistema judicial y la falta de garantías del debido proceso se combinan con patrones de discriminación estructural y violencia de género, dejando a las comunidades de la diversidad sexual en una posición de especial desprotección ante abusos de poder y detenciones arbitrarias», señala el informe.

En el año 2025, el observatorio documentó al menos 372 casos de violencia o discriminación. Los discursos discriminatorios constituyeron la forma predominantemente reportada de violencia, con el 84,68% de los casos (315 registros).

Respecto a quienes ejercieron la violencia el año pasado, el 85,48% de los agresores fueron personas en posición de poder o influencia, el 6,45% civiles y el 4,57% funcionarios del Estado.

Violencia institucional y represión

El documento evidencia la persistencia de patrones de agresión ejercidos directamente por agentes de seguridad del Estado, responsables del 6,57% de los casos. Entre los hechos documentados figuran detenciones arbitrarias, extorsiones, abuso policial y discriminación en espacios públicos.

Uno de los eventos señalados ocurrió en Barquisimeto, en el estado Lara, donde 33 hombres fueron aprehendidos tras un allanamiento ilegal en un establecimiento tipo sauna y posteriormente extorsionados por funcionarios bajo la acusación del inexistente «delito de homosexualidad».

«La continuada ausencia de un marco legal de protección contra la discriminación, sumada al acoso a las organizaciones de la sociedad civil y a la impunidad sistemática, limita severamente el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de las personas LGBTIQ+. En un entorno donde las fuerzas de seguridad operan con amplia discrecionalidad y se cierran los canales comunitarios de denuncia, este sector de la población no solo enfrenta la erosión generalizada del Estado de derecho, sino también barreras específicas para acceder a la justicia, a la salud y al derecho a una vida libre de violencias».

Falta de enfoque inclusivo en emergencias

El monitoreo del Observatorio subraya cómo el contexto político tras la incursión estadounidense de enero, que culminó en la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores pero mantuvo la estructura institucional previa, y la emergencia humanitaria causada por el doblete sísmico de junio han agravado la desprotección de la comunidad Lgbti.

El reporte asevera que la respuesta institucional y la asistencia desplegada ante los sismos ha carecido de enfoques de género y diversidad, dejando a los afectados expuestos a dinámicas de revictimización en refugios y servicios de atención. Esta vulnerabilidad se suma a la constante erosión del espacio cívico, el asedio a las ONG y el exilio forzado de activistas de derechos humanos.

«En situaciones de emergencia como esta, las personas que viven al margen, que enfrentan pobreza o redes de apoyo limitadas, tienen mayores obstáculos para acceder a servicios, para mantener tratamientos y reconstruir sus vidas», puntualiza el informe.

Ante este contexto, la organización exigió cesar el discurso discriminatorio e investigar de manera imparcial a los funcionarios policiales y militares involucrados en extorsiones, detenciones arbitrarias y acoso contra la comunidad. También instó a las autoridades a derogar los marcos normativos que criminalizan a defensores de derechos humanos y facilitar mecanismos seguros de denuncia.

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